Resulta paradójico escuchar al Presidente
Santos hablar de valorar y aplicar el principio de la buena fe, consagrado en
el Art. 83 de la C.N., precisamente en un país en el que al menos dos veces al
día tenemos que demostrar que no somos
delincuentes, lo que no solo viola flagrantemente el principio de buena fe,
sino la presunción de inocencia.
Se volvió una situación cotidiana, el que en
cualquier esquina o mas normalmente frente a un CAI, se instale un grupo de Agentes
de policía que sistemáticamente se dedican a detener ciudadanos que
pacíficamente se movilizan en sus vehículos, para que mediante un exhaustivo
proceso de requisa y revisión de documentos, demuestren que el vehículo no es
robado, que no llevan armas o sustancias alucinógenas y que no son buscados por
la justicia.
Este peregrino expediente pretende que todos
los ciudadanos somos delincuentes hasta que no demostremos lo contrario y
configura la mas recurrida estrategia de las autoridades policiales para
combatir el delito y cumplir su misión de garantizar la seguridad de los
ciudadanos. Configura igualmente uno de los mas rotundos fracasos en materia de
lucha contra el crimen, toda vez que con los adelantos tecnológicos en materia
de teléfonos inteligentes, son pocos los delincuentes que pueden capturarse con
este procedimiento aleatorio, ya que normalmente las organizaciones criminales
se trasmiten rápidamente la ubicación de los retenes, lo que los hace
totalmente ineficaces contra los delincuentes y solo eficientes contra los
ciudadanos de bien.
No se ven claras entonces las efusivas
manifestaciones del Presidente al asegurar que el nuevo decreto anti trámites,
019 del 10 de Enero de 2012, representa el paradigma del respeto al principio
de la buena fe, cuando selectivamente la
mencionada norma solo aplica al sector público y deja intacta la capacidad del sector privado de crear trámites
inoficiosos y talanqueras burocráticas, como la obligación de entregar
fotocopia de la cédula para cualquier trámite, lo que ha convertido un
documento personal e intransferible, en una autorización al portador para
cometer todo tipo de fechorías, si tenemos en cuenta que hoy por hoy la
fotocopia de la cédula es un documento oficialmente aceptado para cualquier clase de transacciones
y negocios comerciales y financieros y promotor aventajado de las estafas.
El 8 de Julio de 2005 el presidente Uribe con
bombos y platillos publicaba su Ley anti trámites 962 de 2005, promovida en su
momento como la panacea contra la ineficacia oficial y la garantía de que las
actividades de los particulares ante el
estado se desarrollarían de acuerdo con los principios de la Buena Fe, la
Estandarización, la racionalización y la automatización de trámites. El fracaso
rotundo de esta ley y la necesidad de una nueva como la ahora promocionada por
el Presidente Santos, no indican otra cosa diferente a nuestra histórica
tendencia a producir leyes por todo y para todo y nuestra incapacidad para
ponerlas en práctica y controlar su aplicación. No había terminado el
Presidente de mostrar su logro, cuando ya entidades públicas y privadas estaban
buscando formas alternativas de mantener vivos sus extravagantes requisitos y
sus laberínticos trámites.
El principio de la Buena Fe de raigambre
puramente constitucional, es algo muy serio y como tal es el propio Estado,
quien en forma juiciosa debe garantizar su aplicación integral, y su disfrute
en igualdad de condiciones. Los intentos hasta ahora iniciados han quedado rápidamente
convertidos en letra muerta y grandes frustraciones….. amanecerá y veremos.
Artículo publicado el 17 de Enero de 2012
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