A marchar se dijo ...

Colombia se oficializó como un país de marchas. La facilidad de convocatoria que tienen las redes sociales, ha permitido que cada día haya más organizaciones y organizadores y casi nadie se resiste a la tentación de montar una marcha, ya sea de protesta, solidaridad, desagravio o lo que sea. Lo importante es marchar, ojala en primera fila y disfrutar de esa secreta tensión que genera la posibilidad de aparecer en los canales nacionales o en la primera pagina de un diario importante. La marcha más popular es la de protesta.

Después de observar tantas marchas, creo que casi todas se pueden incluir en dos grandes divisiones: las marchas malas y las marchas buenas. Las marchas malas son las organizadas por obreros, estudiantes, campesinos, trabajadores de la salud o de la educación, camioneros y en general, gente que le reclama cosas concretas al Estado. Desde antes de su realización son rechazadas o declaradas inexistentes por el gobierno, quien advierte de su peligro y consecuencias dañinas, razón por la cual hace presencia desde tempranas horas con varios escuadrones  de antimotines, una especie de “transformers” criollos, especializados en el uso de armas químicas contra civiles y el arte de apalear sin matar. El fracaso de la marcha se mide por el número de heridos y detenidos y por la noche la televisión mostrará imagines exclusivas de los actos vandálicos  y el ministro balbucirá la frase clave: la marcha estaba infiltrada por las JAAARC.

Las marchas buenas, por el contrario, son organizadas por importantes ONG's, las cuales son dirigidas por influyentes personalidades de la vida política o social del país, tienen el beneplácito del gobierno y en general son una especie de encuentro de amigos, con camisetas estampadas para la ocasión, globos, serpentinas y hasta escarapelas. Como las exigencias son más bien abstractas, el gobierno no se siente comprometido y participa, repartiendo sonrisas, saludos y hasta abrazos, con su disfraz de oveja por el que a veces se dejan ver unas orejas de lobo. Es una excelente ocasión para un buen baño de popularidad, sobre todo cuando al final llega la hora de la subida a la tarima para la repartición de elogios. Por la noche los canales de televisión hablarán de lo civilizada de la marcha y su éxito se medirá por la importancia de los participantes, el número de asistentes y la cantidad de “likes” a las fotos subidas al Facebook.

Buenas y malas, todas las marchas son importantes y necesarias y, a pesar de las distorsiones mediáticas, sirven para visibilizar problemas y demostrar la legítima preocupación e indignación de la ciudadanía, ante situaciones que requieren atención y solución. Obviamente, y esto es lo grave, solo las marchas que producen traumatismos, daños y pérdidas son atendidas y los temas discutidos y algunas veces resueltos. Las marchas en las que participan los gobernantes, en cambio, son un verdadero juramento a la bandera, ya que el gobernante que marcha y protesta es otra víctima y no un responsable y entonces la marcha no tiene ante quien  protestar y a quien pedirle soluciones. O será que el Gobernador y el Alcalde que marchan en protesta por la violencia de género no tienen alguna responsabilidad en el problema? Y la pobreza, la desigualdad, la prostitución, el desempleo, el alcoholismo y la drogadicción que subyacen a la violencia, no son responsabilidades del Estado? Prefiero a los gobernantes resolviendo y no marchando.

De no hacer nada, a marchar y protestar, hay una indiscutible diferencia y en ese sentido los colombianos hemos avanzado y adquirido un gran nivel de compromiso, solidaridad y conciencia de nuestros derechos civiles y políticos. Sin embargo, tampoco podemos quedarnos en la marcha anecdótica y mediatizada, a la cual el gobierno poco a poco se acostumbra y da largas, hasta volverla completamente ineficaz. Otros derechos constitucionales como: las acciones populares y grupales, el referendo, la constituyente, el derecho a elegir y ser elegido, la revocatoria del mandato y el voto en blanco, tendrán que ser igualmente desarrollados, si queremos ser verdaderos promotores del cambio y forjadores de un mejor futuro. 

Agradezco a todas las  personas que con su apoyo, comentarios y críticas me motivaron y ayudaron a cumplir este objetivo personal de escribir religiosamente un artículo semanal, hasta completar 100 trompos, lo cual se cumple precisamente con este artículo. A lo mejor me tomo un descanso para dedicarme a otro compromiso igualmente retador …ahí veremos.

@rododiazw

Que viva la Biblia ...

Tengo que admitir con cierta pena que leo muy poco la Biblia, a pesar de provenir de familia católica, como la gran mayoría de los colombianos. De hecho recuerdo haberla consultado, si acaso en una ocasión, cuando buscaba en el Génesis y en el Deuteronomio, los orígenes remotos del Derecho Procesal y de la figura constitucional del Debido Proceso. Eso no quiere decir que no respete y admire a esa gran cantidad de personas que, reunidos en grupos, se dedican semanalmente a la lectura comprensiva de la Biblia, y a la aplicación cotidiana de sus enseñanzas.

Así que poco debe preocuparme ni asustarme que se aprueben días, meses o años, dedicados al sagrado libro, lo que  no quiere decir  que el debate, que al respecto se lleva a cabo en nuestro Concejo Distrital, no sea importante y no amerite un análisis desapasionado y práctico, que ayude a dirimir la controversia. La simple comprobación del gran interés generado en la ciudadanía por el tema, nos indica que es válido, y que debe ser adecuadamente tratado, hasta haber dado respuesta a todas las inquietudes.

Lo primero que creo conveniente aclarar es ¿a que Biblia se refieren los ponentes del proyecto de acuerdo, que instaura el mes de la Biblia en Cartagena? Todos sabemos que desde el Tanaj de los Hebreos Helénicos, hasta la Biblia Mormona escrita por José Smith en 1823, a partir de los registros entregados por el ángel Moroni en tablillas de oro, se conocen un poco más de 25 Biblias, entre las que se encuentran: las Católicas, las Protestantes, las Ortodoxas, las Anglicanas, la Hebrea, la Judía, la de los Testigos de Jehová, en fin, casi una biblia por credo, muy similares en cuanto a la historia y los personajes, pero muy diferentes en cuanto a los libros admitidos y la aceptación o no  del Nuevo Testamento, muy propio de los Cristianos.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido consistente al afirmar que la neutralidad del Estado en asuntos religiosos es contraria al patrocinio o promoción estatal de alguna religión, pues “en un Estado laico el papel que debe esperarse de las instituciones públicas, de acuerdo con las competencias asignadas a cada una, consiste en proporcionar todas las garantías para que las distintas confesiones religiosas cuenten con el marco jurídico y el contexto fáctico adecuado para la difusión de sus ideas y el ejercicio de su culto, sin que en dicha difusión y práctica tenga intervención directa el Estado”. Así que resulta sumamente complicado aprobar un acuerdo como el propuesto, sin romper el principio de neutralidad del Estado laico, aun cuando la aprobación fuera genérica e incluyera a todas la Biblias, ya que una sola religión que resultare afectada sería suficiente para decretar la inconstitucionalidad.

Claro que existen actuaciones del mismo Estado que, ya por costumbre, ya por desconocimiento, resultan en claras violaciones a la “laicidad” pregonada por la Constitución y producen desconcierto y desconfianza de la ciudadanía: Quien puede explicar por ejemplo, porque el propio Estado gasta ingentes recursos en decoración e iluminación navideña, para conmemorar una fiesta que apoya y beneficia a la religión católica, como es el nacimiento  de Jesús? Y quien entiende que el propio Congreso de la república haya tramitado las leyes 253 de 2013 y 244 de 2013, por las cuales se decretan honores a  Santa Laura Montoya y se establece el 21 de Octubre como el día de santa Laura? Acaso esto no es un fuerte patrocinio a la religión Católica? Y que tal los 11 días festivos que tiene nuestro calendario, todos de origen católico, en los cuales no se trabaja, con el fin de que los católicos celebren y ejerzan su derecho a la libertad religiosa. No es esto un apoyo violatorio del Estado laico?

Seguro que nadie va a ir a la Corte a pedirle que declare la inconstitucionalidad de los festivos, pues esos puentes son muy buenos y a nadie disgustan, pero estas violaciones consentidas al Estado laico, no significan que esto sea correcto y se puedan realizar sin incurrir en el reproche constitucional. Que bueno que el Concejo, aunque no pueda aprobar el proyecto de institucionalización del mes de la Biblia, se dedique a estos asuntos trascendentales, que tanto necesita la ciudad y el país. Los prefiero más en estos temas, que aprobando contribuciones por valorización o dándole facultades al Alcalde para contratar a dedo, o, peor  aun, aprobando las famosas APP con las que se privatizará hasta el aire que respiramos.

@rododiazw

Sobre participación en política ...

A estas alturas del partido, es bueno que comencemos a adentrarnos en algunos elementos del problema, que van a ser determinantes y que, querámoslo o no, tendremos que considerarlos, si verdaderamente deseamos hacer bien la tarea. Me refiero por supuesto al proceso de paz de La Habana, que en estos días adquirió notoriedad debido a un nuevo acuerdo, esta vez en el punto 2 de la agenda,  o sea, lo relacionado con la participación en política.

Después del alboroto  por la buena noticia y las diatribas uribescas de los contradictores, surgió la pregunta del millón: y como van a participar en política? Efectivamente el artículo 122 de la Constitución establece que: Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior”.

Así de entradita es obvio que el tema de la participación en política no sería fácil. Un informe del despacho de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, da cuenta de que 218 miembros de la FARC y 28 del ELN, han sido condenados por conductas constitutivas de crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, tales como: homicidio, desplazamiento forzado, toma de rehenes, tortura y reclutamiento de menores. Agrega el informe, que dentro de estos condenados se encuentran 8 miembros del secretariado de las FARC y 4 del comando central del ELN. Como quien dice: la plana mayor y un importante grupo de muchachos de las divisiones inferiores, ya estarían incursos en la inhabilidad consagrada en el 122 superior.

Ahora bien, todos hemos oído hablar del Marco Jurídico para la Paz, nombre rimbombante con el que se ha designado a una figura jurídica de transición que, una vez regulada mediante las correspondientes leyes estatutarias, facultaría a la Fiscalía General de la Nación para “hacer una selección priorizada, que permita centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos, que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra. Establecer los casos, requisitos y condiciones en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena. Definir los casos en los que se puedan aplicar sanciones extra-judiciales,  penas alternativas, o  modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena y, bien importante, autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados”.

La cosa no es “mamey”. El Acto legislativo 01 de Julio de 2012, que da vida al Marco Jurídico, establece la necesidad de tramitar al menos 4 leyes que, por tratarse de regulación de mecanismos de administración de justicia, deben ser estatutarias, es decir, tramitarse en una misma legislatura, aprobarse por mayoría absoluta de mitad mas uno y tener control previo de la Corte Constitucional. Estas nuevas leyes finalmente permitirían hacer el quite al artículo 122 de la constitución, para que el fiscal espulgue, entre todos los desmovilizados, a los peces gordos, los enjuicie y los condene y devuelva al agua a los pequeños. De esta manera se cumpliría de forma racional, el deber general del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Hay que tener en cuenta que con los procedimientos de justicia actuales, se tendrían que atender al menos 340 mil denuncias que tomarían algo más de cien años en su trámite.

Por último, contiene el Marco Jurídico para la Paz el artículo transitorio 67 que establece que: “no podrán ser considerados conexos al delito político, los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos”. Con todo este bordado jurídico, parece que no se cumplirán los deseos de los profetas de la desgracia de ver a Timochenko sentado en el congreso. Lo que no estoy muy seguro es si además, conseguiremos ese Shangri La que tanto soñamos.

@rododiazw

A rescatar las fiestas ...

Hace 60 años, el pueblo cartagenero comenzaba a padecer desde dos semanas antes de las Fiestas de Noviembre, que ahora llaman las fiestas de la independencia. Algo así como si  a los Rusos se les diera por decir la revolución de la independencia, en lugar de La Revolución de Octubre. Esas son vainas de RCN, que con su parafernalia de playas, tarimas, desfiles, trasmisiones y presentadoras semidesnudas, ha invadido y distorsionado el sentido y el disfrute de una fiesta, cuya esencia radicaba en ir al centro a reírse con los buscapiés, comprar un sombrero y comerse un popsicle.

Poner a depender la realización de una fiesta popular, de los rígidos horarios,  las complicadas maniobras y el misterioso tejemaneje de las trasmisiones televisivas, poco a poco ha ido cambiando el foco, del contenido a la forma, y ahora lo importante es el horario de la trasmisión, el cantante que se presentará y, por supuesto, el nombre de las presentadoras y de los diseñadores de los vestidos que les prestan para la ocasión. Las fiestas se trasladaron de la Matuna y el campo de la Infantería, donde se instalaban las ventas de ternera a la llanera, un circo, la ciudad de hierro y las casetas Matecaña y Tres Esquinas, hacia la comodidad de las casas, frente al LED de 55 pulgadas para ver los dichosos desfiles.

Hace unos días le cayeron encima al Alcalde, que entre otras cosas dizque ya está en el primer lugar del ranking nacional, porque estuvo preguntando sobre  la razón de dos desfiles. Anteriormente había un solo desfile que se conocía como “El Bando” y en el participaban reinas nacionales y populares y terminábamos admirando la diferencia entre los escuálidos cuerpos de las candidatas nacionales y los firmes y bronceados cuerpos de la niñas populares. La silicona, los gimnasios y las cámaras de bronceado pusieron las cosas en su puesto y las trasmisiones de televisión se dieron sus mañas para sacar a las reinas populares del Bando, al que le cambiaron el nombre por uno prestado del carnaval de Barranquilla: “Batalla de Flores”. Las reinas populares se fueron con su música al Desfile de la Independencia, en donde ya no contaminaban de sabrosura, las trasmisiones de “nuestra tele”.

Tiene razón el Alcalde. Rescatar la esencia de nuestras fiestas es volver a un solo desfile llamado El Bando. Se equivocan “académicos y gestores” cuando creen que rescatar el significado de nuestra independencia es separar lo que siempre fue una sola cosa. Rescatar el contenido histórico de nuestra independencia corresponde a profesores, maestros e instituciones educativas. Rescatar nuestras tradiciones festivas es volver a lo que éramos sin que eso implique retrocesos. Es volver al recibimiento de las reinas en el aeropuerto, a la entrega de llaves de la ciudad, al Te Deum en la Catedral, al Bando, pero sobre todo al disfrute del pueblo, sin las chabacanerías del irrespeto y el vandalismo pandillero institucionalizado y, sin el control absoluto de todas las actividades, por parte de un canal de televisión, cuyos objetivos son completamente diferentes a los del pueblo cartagenero.

Es obvio que la gente este mamada de unas fiestas decadentes que se convirtieron en una sucesión de eventos televisivos, de un reinado que languidece ante el aburrimiento de tanto reinadito dentro del reinado,  desfiles insustanciales,  infinitos y el dominio a ultranza de las trasmisiones, cuyas presentadoras, quienes son las verdaderas figuras del reinado, han arrinconado a los directivos locales, quienes se conforman con unas menciones tangenciales en la ceremonia final y los boletos de cortesía que les suministran para que entren a las lujosas fiestas de los patrocinadores, a departir con el Jet Set andino, quienes han hecho de las fiestas otro episodio más en su agenda anual. Sí, las Fiestas de Noviembre hay que rescatarlas, pero de las garras del poder económico central que las tiene secuestradas para su beneficio.

Hace 60 años, dos semanas  antes del Bando, se sacaban de servicio todos los camiones recolectores de basura y se los entregaban al maestro Baena en Turbaco, quien los convertía en las fantásticas carrozas que nunca olvidaremos. Los cartageneros soportábamos esta pequeña calamidad con la tranquilidad que da el sentido de pertenencia y de colaboración. Y pensar que en Bogotá quieren botar un Alcalde porque se acumularon dos días de basuras, mientras se hacía un cambio en la modalidad del contrato de recolección. Vainas de los Cachacos.

@rododiazw