Nos estamos acostumbrando en
Cartagena a ver como las relaciones
entre el gobierno Distrital y el Concejo son un proceso difícil, con un alto nivel de confrontación y
desconfianza, pero sobre todo, y esto es lo mas deplorable, con un pobre nivel
de ese respeto que dos instituciones de
la mas arraigada estirpe constitucional se merecen.
De hecho, para los jóvenes que
apenas se asoman a los procesos ciudadanos democráticos y para una gran mayoría
de adultos duchos en estas lides, el Concejo es algo así como una logia
demoníaca en la que un grupo de malandros se solazan en la mentira y medran en
la sinvergüencería, en un permanente activismo dedicado básicamente a todo lo
que huela a ilegalidad a componendas y tráficos indecentes.
Esta generalización, a todas luces
injusta, no es gratuita, ni producto de la generación espontanea. Se trata de
un paradigma construido tras largo años de diatribas, infundios y acusaciones,
en las que normalmente el lugar común corresponde a la afirmación apresurada
que determina que todos los concejales son unos pícaros agazapados a la caza
del erario público. A pesar de que esta es una acusación que cualquiera se
atreve a lanzar sin ruborizarse, la verdad es que nunca se ha producido una
denuncia, ni mucho menos una condena a concejal alguno, a consecuencia de las
acusaciones que alegremente se propalan, apoyadas por comunicadores frívolos y
funcionarios irresponsables.
Para no ir muy lejos, el gobierno
anterior convenció a la ciudad y al país en el sentido de que su gestión había
sido tan buena, debido a su habilidad para mantener a los concejales alejados
de la administración en un proceso que se conoció con el eufemismo de
“independencia política”. Dese el primer día de gobierno se abrió en pelea con
la institución a la que irónicamente había pertenecido y cada vez que el
Concejo intentaba ejercer su función constitucional de asesoría y control, se
le daba su tate quieto, diciéndoles que sus actuaciones estaban encaminadas a
tomar revancha del gobierno, debido a la viudez de poder a que los tenía
sometidos.
El desprestigio consentido con el
que se ha estigmatizado a nuestro Concejo a lo largo de los años, ha causado
mas daño que bien a la ciudad y ha terminado por convencer a las
administraciones y a buena parte de la ciudadanía, de que el Concejo es un ente politizado,
burocrático e inoperante, en donde intereses particulares mas que el bienestar
colectivo son debatidos. Estos conceptos repetidos a ultranza han logrado su
objetivo y han hecho mella en la imagen de la institución, hasta el punto de
que cualquiera se despacha y no es extraño ver como el mismo Alcalde asume
posturas inaceptables, cada vez que la institución, en uso del mandato
constitucional, le niega facultades
dictatoriales.
En todas partes se cuecen habas y
muy seguramente, al igual que en todas las instituciones de poder que manejan
al Estado, en el concejo también habrán ocurrido, ocurren y seguirán ocurriendo
situaciones que tenemos la obligación de denunciar y que deben ser investigadas
y castigadas con todo el rigor de la ley. Pero de ahí a que todos los
concejales y la institución sean unos corruptos per se, hay un trecho muy largo
que no debemos seguir ampliando con apreciaciones sustentadas en prejuicios, suspicacias,
chismes y folclorismo político.
Corresponde al Alcalde como director
del ejecutivo y primera autoridad del Distrito, dar el ejemplo e iniciar un
franco proceso de restablecimiento de esa colaboración armónica entre las
instituciones del Estado, que es la base de una democracia moderna, en
donde el poder, querámoslo o no, está fragmentado y la verdad nos pertenece a
todos por igual. El Concejo de Cartagena es “nuestro Concejo”, son nuestros
representantes ante la administración y es por mandato de la ciudadanía, que
ejerce sus funciones constitucionales de coadministradores de la ciudad. Al
menos por eso debe respetársele…
Artículo publicado el 7 de Junio de 2012
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