Al alcalde Dau, parece que le gustara caminar por la cornisa, como diría Kike Wolf. Esta referencia futbolera hace alusión a aquel jugador que ya el arbitro le sacó la tarjeta amarilla y, sin embargo, sigue “dando leña”, abusando de su buena suerte o de la tolerancia de un árbitro blandengue.
Esta semana que termina, nuestro pintoresco burgomaestre, fue nuevamente noticia, y no precisamente por sus logros administrativos, los cuales, de por sí, languidecen en tiempos de amargura, sino por las estridencias de sus actividades rocambolescas, a las que se dedica con mucho entusiasmo, derrochando energías, locuacidad y uno que otro regaño.
No acababa de remendar el último decreto de pico y cédula que, por extrañas razones y al igual que todos los anteriores debió ser corregido, cuando ya se había dedicado a la non sancta actividad del espionaje inducido y registrado, mediante el sencillo expediente de instalar una cámara, debidamente camuflada. Siendo abogado, y además la primera autoridad del distrito, nuestro alcalde debería saber que esto está muy mal hecho y puede dar lugar a tarjeta amarilla.
Esto, por supuesto no me lo he inventado yo. Es abundante la jurisprudencia y la doctrina colombiana, al analizar este tema y conceptualizar acerca de su inconveniencia: “En esa medida, las grabaciones de imagen o de voz realizadas en ámbitos privados de la persona, con destino a ser publicadas o sin ese propósito, constituyen violación del derecho a la intimidad personal, si las mismas no han sido autorizadas directamente por el titular del derecho y, además, en caso extremo, si no han sido autorizadas expresa y previamente por autoridad judicial competente. El resultado de la recolección de la imagen o la voz sin la debida autorización del titular implica, sin más, el quebrantamiento de su órbita de privacidad y, por tanto, la vulneración del derecho a la intimidad del sujeto”.
No habíamos terminado de asombrarnos con la cámara escondida, cuando nos enteramos de una zaragata de marca mayor, esta vez contra el Procurador General de la Nación, en el marco de una reunión virtual con los gremios de la ciudad. Parece que el alcalde condicionó el cumplimiento de mandatos de la procuraduría, si solo si, la Procuraduría cumplia en igual forma con los mandatos del alcalde. Una especie de cambalache, dando y dando o quit pro quo, como dicen los puristas.
Habría que preguntarle al Fiscal General, que puesto en importancia en el país, ocupa el Procurador, pero lo que si es seguro es que sus mandatos deben ser respetados y cumplidos, sin ningún condicionamiento. Por algo es es un órgano de control autónomo que se encarga de investigar, sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades cometidas por los gobernantes y los funcionarios públicos. Meterse con el Procurador es algo así como “patear la lonchera”. No hay que olvidar que el hombre maneja las tarjetas amarillas y a veces la roja.
El Coronel se sentaba en la puerta esperando a ver pasar su entierro. Actuemos ya. No nos sentemos nosotros a ver pasar el entierro de Cartagena.
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