Casi 10
meses se gastaron los expertos internacionalistas ingleses, contratados por la
canciller, para encontrar el artículo 101 de nuestra Constitución, que habla
específicamente de los límites del país. Como todos recordaremos, desde que se
anunció el fallo de la Corte de la Haya, el gobierno colombiano estudia los pasos a
seguir en los tribunales y contrató, por un ojo de la cara, a cuatro equipos de abogados especialistas en derecho internacional, para ver cuál
camino seguir.
Después
de profundos y complejos estudios, conciliábulos y consultas, el Presidente en
un discurso entrecortado por la emoción dijo que: el fallo de la Haya es
“inaplicable” porque contradice el artículo 101 de la Constitución. Con el
respeto que se merecen el Presidente, la canciller y todos sus asesores, pienso
que los expertos ingleses se birlaron olímpicamente ese billete porque,
primero: para leer ese artículo, no hay que contratar a ningún experto. Ese es
un tema de tercer semestre de derecho. Y, segundo: con todo lo que se les pagó
y los diez meses de estudios, no fueron capaces de leer en su totalidad el
artículo 101.
Efectivamente,
el susodicho artículo reza que: “Los límites de Colombia son los establecidos
por los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente
ratificados por el Presidente de la República”. Sin embargo, lo que no dijeron
fue que a renglón seguido continua el 101: “Y los definidos por los laudos
arbitrales en que sea parte la nación”. Los laudos eran las decisiones de la
Corte Permanente de Arbitramento, CPA, creada en 1899 por la primera
conferencia de la Paz en la Haya y cuya función era la solución de controversias
internacionales. Esta corte comenzó a perder vigencia en 1946 cuando entró en
funcionamiento la Corte Internacional de Justicia de la Haya, CIJ, como un
organismo de las Naciones Unidas. Hoy en día la CPA sigue operando pero
dedicada casi en su totalidad a la solución de conflictos privados, mientras
que la CIJ, sigue dedicada a las controversias de derecho público, como es el
caso de Colombia – Nicaragua.
Así que
nuestra Constitución si admite la fijación de límites a través de mecanismos
diferentes a los tratados. En este caso, las sentencias de la haya son a la
Corte Internacional de justicia, lo que los laudos eran a la Corte Permanente de Arbitramento. El
mismo artículo 101, que corresponde al artículo 3 de la Constitución de 1886,
establece mas adelante que: Los límites con Nicaragua son los definidos por el
tratado firmado el 24 de Marzo de 1928, mas conocido como tratado Esguerra
Bárcenas. Entonces, si existía un tratado de fijación de límites con Nicaragua,
y, como dice el Presidente, estos solo se pueden fijar a través de tratados,
porqué sometieron a la Corte de la Haya, la definición de límites marítimos con
Nicaragua. No sería que sabían que la corte si era competente?
Pero hay mas inconsistencias: en el
Derecho internacional, no existe el concepto de “aplicabilidad” de las
sentencias. Estas se acatan o no se acatan y si no se acatan, se somete el país
a las sanciones que esto trae amarrado. Por supuesto que la sentencia es
aplicable y ya Nicaragua la está aplicando desde hace rato. Es igualmente un gran
error conceptual, oponer normas del Derecho Interno a las decisiones del
Derecho internacional. No podemos definir la situación limítrofe internacional,
mediante leyes internas expedidas por nuestro congreso, tal como propone Santos.
Si esto fuera posible, porqué no hemos expedido la ley que define nuestra
situación limítrofe con Venezuela? El sentido y el espíritu de la normatividad
internacional, es precisamente el de establecer una instancia jurídica especializada,
que dirima aquellas situaciones, para las cuales el derecho interno de los
países no alcanza, ni mucho menos aplica.
Obvio que todos quisiéramos
que a Colombia se le diera la razón en todos sus litigios internacionales,
pero, cambiar de tono en la definición del conflicto, no significa que se grite
mas, o se sea mas vehemente en los discursos, sobre todo cuando para nadie es
un secreto, que la postura del Presidente es claramente política y pretende crear
una cortina de humo, con un paquete de nacionalismo, mitad selección Colombia,
mitad conflicto de la haya, para que el pueblo lo rodee y se le olviden todas
los episodios del paro agrario y demás embarradas y su popularidad vuelva a
subir como la espuma, de cara a la próxima reelección. El método Chavista que
tanto criticaron.
@rododiazw
Definitivamente los problemas legales de Colombia deben entregárselos a los estudiantes de las diferentes universidades que quieran concursar y los estudiantes que resuelvan los casos favorablemente, deberán ser los que reciban los dineros y así con seguridad a Colombia los problemas le saldrán menos costosos y mejor resuelto.
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